CAPACIDAD DE CARGA (2)

La Señora Presidenta, como ya se sabe, empleó las palabras capacidad de carga, para referirse a nuevas condiciones de residencia en Rapa-Nui.  Mis amigas del área del patrimonio me señalan su conformidad con semejante  criterio. Se trata, me explican, de un concepto que se utiliza mucho en arquitectura y planeamiento urbano.  Solo expresaba mi sorpresa por escuchar el pronunciamiento de la noción de parte de una autoridad,  que una dirigenta local reforzaba, conduciendo su argumento hacia una zona radical de exclusión y discriminación de un evidente  racismo invertido.  

Las palabras capacidad de carga  son empleadas por el mismo sector que en otros discursos  califica sus logros como habiendo ya construido  la obra gruesa de su mandato, que logró sobrepasar el rechazo que implicó  la palabra retro-excavadora, que ha sido puesta de nuevo en circulación en  el discurso de renuncia del diputado Pepe Auth al PPD. No deja de ser curioso que en Valparaíso, sus connotados correligionarios  emplearan –en el campo cultural- los mismos métodos  que él denuncia.

El uso de estas palabras  genera un cierto grado de inquietud en la ciudadanía (sic), ya que si nos atenemos a obras gruesas emblemáticas, hay que ver lo que ocurrió con el famoso Hospital de Ochagavía,  que permaneció durante décadas, justamente, en obra gruesa.  

El problema con la Señora Presidenta es el diseño, no solo de las terminaciones, sino de las habilitaciones efectivas que ponen en función un establecimiento.  La Señora Presidenta ya sabe de este tipo de afectaciones, a partir de su ejemplar experiencia escenográfica con el Hospital de Curepto. 

Un amigo del sector de la crítica y experto en Matta-Clark me ha enviado el link de un artículo aparecido en the clinic del 12 de junio del 2013, donde se hace estado de un  Informe de la Fundación de  Douglas Tompkins  que pone en alerta sobre infección de parásitos, bacterias y virus ISA en cultivos de salmones.  

¿Qué tiene que ver todo esto con el uso de ciertas palabras?

La respuesta es muy simple.  Según Héctor Kol, biólogo marino autor del estudio, “el error más grande es dejar funcionando una industria sobre un ambiente que tiene una capacidad de respuesta desconocida, ya que no hay ningún estudio que demuestre que en Chiule se pueden cultivar salmones. (…) Para Kol, los resultados están a la vista. Hoy en día “por cada kilo de alimento para salmones se liberan entre 600 y 700 gramos de materia orgánica, como desechos. Y todo eso está cayendo a un sistema que tiene capacidad desconocida. En ninguna parte se han hecho estudios sobre capacidad de carga”. 

Imaginemos el siguiente escenario. Por cada kilo de alimento para turistas en Rapa-Nui se libera una cierta cantidad de desechos.  Todo estaba cayendo hace ya mucho tiempo a un sistema que colmó   su  capacidad  de carga   y  le permitió a las autoridades centrales  tomar una decisión restrictiva. 

Esta es una buena metáfora sobre situaciones de excepción territorial en que el turismo promueve la producción de desechos  más allá de un punto crítico de recuperación del entorno.   ¿Cómo determinar dicho punto crítico?  ¿Qué elementos debieran ser  considerados para elaborar una hipótesis restrictiva temporal?  ¿Es viable, desde un punto de vista constitucional,  semejante decisión restrictiva sobre  circulación de personas? 

Enfrentamos una situación paradojal.  Cada fin de año, el turismo porteño promueve el arribo de centenares  de miles de personas  para  ver los fuegos  artificiales,  superando la capacidad de carga de la ciudad.   ¿Cuál sería el límite aceptable de ingreso? ¿Es posible plantearlo?  Aunque no es necesario recurrir al caso del Año Nuevo. 

En Valparaíso  ocurren –de tiempo en tiempo- algunos motines en el sector de  Cummins, Plaza Anibal Pinto y Almirante Montt.   Miles de jóvenes  no resisten la tolerabilidad de contención del sitio y son sobrepasados  por el malestar   del  síndrome de abstinencia. Entonces,   promueven su rápido acceso a situaciones limítrofes  de coma alcohólico, para luego   emprenderlas  contra el mobiliario público.  Son motines que se producen porque no se ha respetado  la capacidad de carga de dichos espacios.  

De modo que el uso, por parte de la Señora Presidenta, de la noción de capacidad de carga, ¿no permitiría acaso pensar en facultades  restrictivas  éticamente fundadas,  destinadas a generar condiciones de autocuidado colectivo  y respeto de la propiedad?   ¿Qué condiciones administrativas habrá que satisfacer para relacionar afectiva y conceptualmente,  iniciativas de  resguardo patrimonial con acciones de desarrollo comunitario?  Ciertamente, ¿quién tiene la potestad  sobre  cómo se define la capacidad de  carga social comprometida en el empleo no extorsivo del espacio público?