sábado, 1 de noviembre de 2014

FUNCIONARIATO (2)

El desafío planteado en la entrega anterior puede ser resumido en la juntura insidiosa de esas cinco palabras: deseos-de-control-de-superficie. Para definir el objeto de mi reflexión, acudiré a un artículo escrito por la arquitecta Andrea Pino y que fue publicado en la revista Márgenes (Espacio Arte Sociedad) No 13, editada por la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Valparaíso, en diciembre del 2013. Entonces, las cinco palabras se someten a la presión de una existencia barrial que trabaja sobre estrategias informales que se sustraen al control de superficie y que instalan modalidades edificatorias que exceden el deseo-de-casa, para forjar un universo en que la proximidad de lo público/privado (abigarramiento) para a configurar una forma de existencia determinada. Informalidad que, por lo demás, adquiere unos grados de “oficiocidad” por medio de la que se produce la legitimidad de una soberanización sobre el territorio. Los funcionarios saben que la soberanización es una dimensión simbólica que deben demoler, partiendo por minar las bases de la solidarización mínima de la vida cotidiana. De este modo, el control de los funcionarios se revierte en “política sectorial” de excepción, que debe ser acompañada de otras medidas, con otros recursos, poniendo en función un amplio menú de control de conflictividades a través de mesas de trabajo y mesas de diálogo, que son de naturaleza distinta.

La mesa de trabajo identifica los problemas que no aparecen en los diagnósticos y focalizan a los dirigentes amigos, susceptibles de encarnar la normalidad progresiva de los procesos de distribución diferida del maná. La mesa de diálogo ya es la “instancia” propiamente decisiva, en el curso de la cual, los discursos de agentes conflictuados son llevados al extremo de la extenuación, para finalmente reducir toda oposición, dividir el frente y lograr los acuerdos mediante una efectiva producción de simulacro de participación ciudadana. Es decir, el concepto de participación ciudadana es la gran invención del funcionariato, que sabe perfectamente invertir en subsidiaridad proclamando el simulacro de la escucha. De modo que el simulacro del que hablo se juega en la construcción de una escucha que devuelve el eco modulado de la voz de las demandas.

El funcionariato así definido opera mediante la herramienta de la mesa como un modelo de anticipación del control territorial. La mesa aparece como el recurso mobiliario que convence a todos los demandantes de estar en posición de ser receptores de un tipo de diseminación evangélica, propiamente eucarística. No hay que olvidar que el MINVU es una invención demócrata-cristiana y que su estructura reproduce una sabiduría parroquial ancestral, que adquirió formas modernas que instalaron una nueva racionalidad en el manejo de sectores marginales que debían ser integrados al consumo de bienes de la sociedad real. Bueno: la sociedad real era definida por una política-episcopal, que a su vez producía los términos de gradación y velocidad de los procesos reparatorios, que dieron forma a la Promoción Popular.

Lo que Andrea Pino hace en este estudio al que me refiero es seguir al pie de la letra los deseos de quienes rompieron la lógica definida por los “operadores de acceso” y que fueron agentes de un proceso de ocupación informal de unas quebradas que no entraban en los planes del ministerio de entonces, ni de ningún ministerio.

Hagamos una broma: los ministerios siempre piensan en el plano; necesitan pensar en plano. Entonces, lo primero es aplanar todo lo que tenga relieve. Claro que sí.

Después de la Catástrofe de Abril, el inconsciente de la Delegación Presidencial operó como si todo lo siniestrado hubiese sido una gran toma. Es decir, que debía “dar a ver”

que su intervención normalizadora tenía que afectar la recomposición del territorio, entendido como expresión de una informalidad generalizada, que si bien había adquirido indicios de soberanización, debía sin embargo ser convertida en una oportunidad para limpiar las laderas y fondos de quebrada de población declarada indeseable.

Sin embargo, esto solo adquiere eficacia argumentativa en la medida que la ciudad entera, en los cerros, es concebida funcionariamente como efecto de toma y que el nuevo mandato de la Jefa habilita la “ejecución presupuestaria” de una contraparte regulada -como tiene que ser- para servir de soporte contextual a la ofensiva inmobiliaria destinada a reconfigurar la ciudad como un barrio santiaguino que reproduciría sus propias condiciones de segregación, ya que estaría especializado en turismo nacional de movilidad relativa (destinado al consumo clase-mediano) y sería un lugar de residencialización secundaria para Altos Empleados cuya estética no es admitida, a estas alturas, en los ghettos de Cachagua y Tunquén. Es decir, población reducida con recursos, pero sub-alternizada (llegó tarde a la distribución simbólica del Poder), a la que se debe compensar con una oferta cultural que involucre inversiones en la industria del regreso a los orígenes.

Lograr esta regulación supone borrar toda traza de informalidad en la historia de las representaciones urbanas de Valparaíso, en provecho de la alta formalidad de una museografía que fija condiciones de para una escena de representación en que la pobreza deba estar presente, pero dimensionada por una industria de la exotización adecuada.

Se comprenderá que toda la historia de la urbanización informal de Valparaíso debe ser anatemizada para desterrar la ruralidad referencial, a condición de que ésta sea convertida en objeto de emprendimientos reguladores en el terreno de la gastronomía y de las yerbas medicinales, pero de exportación.

Para favorecer, entonces, la preeminencia escenográfica de unos cerros que servirán siempre de referencia (como subordinación estética de una ideología edificatoria de procedencia mayoritariamente británica), es preciso aniquilar mediante una des- ruralización acelerada toda historia de asentamiento informal, para dotar de un paisaje urbano adecuado a las nuevas edificaciones erigidas como unos monumentos identitarios de Altos Funcionarios del Sector Público y del Tercer Sector, que lo han logrado.


¿No les parece una broma de mal gusto? Todo se juega en un plano de verosimilitud aberrante. 

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